Niñas agredidas desprotegidas por ser gitanas

Esta semana, en apenas 24 horas, vimos cómo el machismo y el racismo se daban la mano en la justicia ante dos niñas gitanas. En Ciudad Real, la Audiencia Provincial absolvió a un hombre de 20 años acusado por agresión sexual, tras dejar embarazada a una niña de 12. Ojo, todo esto llegó a la justicia por el equipo médico que atendió el caso. La Fiscalía pedía 11 años de cárcel y la justicia ha concluido que la diferencia de edad no es tanta y que «dentro de la cultura gitana es una conducta normal». 

Un día antes, la Audiencia Provincial de León había reducido una pena por agresión sexual a un hombre que dejó tres veces embarazada a una menor entre los 12 y los 15 años, mientras él tenía siete años más. Consideran un atenuante que en la «cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas».

Cuando la noticia se ha conocido no se ha dudado de tildarla de vergüenza. Desde el Ministerio de Igualdad, a la dirección de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo o la Fundación de Secretariado Gitano. La justicia dice ahora que se entendió mal. Que solo se han ajustado al Código Penal porque, aunque se tenga menos de 16 años, el artículo 181 recoge que no hay que penar si no media la violencia o intimidación, la edad entre las personas es cercana y hay similar “grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Y que esto último lo certificó el informe psicológico de la menor. Es decir, que ella estaba “conforme”.

Pero, de verdad, ¿quién hace ese informe? ¿Cómo puede entender un psicólogo que una menor está conforme cuando tiene todo un entorno cómplice que no le explica a esa menor lo que sucede y ni siquiera puede identificarlo como violencia? ¿Cómo pueden decir que el grado de madurez es parecido, con diferencias de más de siete años de edad? ¿Cómo se puede juzgar con prejuicios racistas hacia la propia comunidad gitana? 

En lugar de ceñirse de forma tan estricta al artículo 181 del Código Penal podía haberse acordado del 12.5 del Convenio de Estambul, cuando obliga a los estados a que “no se considere que la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el supuesto “honor” justifican actos de violencia”. 

Al final, el problema es el de siempre. El cómo la justicia interpreta. Demasiadas veces con prejuicios, aquí racistas y machistas. Siempre está el hueco por el que escaparse. ¿Dónde está esa Constitución, que indica que ni la raza ni el sexo sean factor de discriminación? ¿Qué peligroso precedente sientan esto para otras menores gitanas? ¿Quién repara el daño a una niña cuando ni siquiera un equipo psicológico le ha ayudado a comprender? ¿Quién le devuelve su infancia? ¿Qué tipo de justicia deja libre o rebaja penas a unos tipos que se basan en excusas vacías para ocultar su machismo?

Una agresión es una agresión y no hay consentimiento posible en menores de edad. Y punto. Ni cultura ni tonterías. No puede dar más asco esta situación. Y no puede dar más pena de cómo una justicia deja desprotegidas a unas niñas por ser gitanas.