Orden de busca y captura e ingreso en prisión para un acusado por no comparecer en un juicio en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz acordó este miércoles dictar una orden de busca y captura e ingreso en prisión para un acusado de tentativa de estafa a una compañía aseguradora, después de que, por segunda vez, se tuviera que suspender el juicio por su incomparecencia por una enfermedad "súbita". En la causa hay otros dos investigados, que sí se personaron en la vista junto a sus letrados.

El abogado del acusado que no compareció solicitó la suspensión del juicio alegando que su cliente se encontraba ingresado desde esa misma madrugada en un hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), aquejado de un dolor en el pecho y problemas respiratorios. 

La fiscalía, aunque no se opuso al aplazamiento de la vista, solicitó al tribunal que dictara una orden de busca y captura del acusado, al considerar que los documentos presentados por su letrado para justificar su ausencia eran «ilegibles» y al ser la segunda ocasión en la que «enferma repentinamente antes del juicio», argumentó.

La abogada de la acusación particular mostró su rechazo a la suspensión. «Es una dilación continua por parte de este señor y salvo que se haga así -en referencia a la orden de busca y captura-no habrá seguridad de que comparezca», dijo.

Las defensas de los otros dos encausados no se opusieron a que se suspendiera el juicio.

El tribunal, que recordó que la sala estaba obligada a no celebrar la vista sin el acusado porque la pena de cárcel solicitada supera los dos años, admitió la solicitud del ministerio público y ordenó que el procesado ingrese en prisión hasta la celebración de la vista para garantizar que comparece. Una vez que sea localizado y trasladado a la cárcel se señalará la fecha del juicio. 

«Es una maniobra dilatoria», afirmó el presidente-magistrado, José Antonio Patrocinio, quien señaló que no se había acreditado la enfermedad del acusado y habló de "mala fe procesal".

Los hechos juzgados ocurrieron en 2017. La fiscalía pide para los tres imputados 2 años de cárcel, mientras que la acusación particular solicita 6 años para cada uno de ellos por los delitos de estafa en grado de tentativa de 270.000 euros, simulación de contrato, falsedad en documento mercantil y utilización de contrato simulado en juicio.

Las defensas, por su parte, reclaman la absolución de sus representados.